Inflación: Incapacidad o intencionalidad

“Naaaa que va ser difícil. La inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar”, fue la contundente respuesta en campaña de Mauricio Macri al ser consultado sobre la dificultad de controlar el proceso inflacionario.

Tres años después la inflación de enero-noviembre 2018 es del 48.5 por ciento. Durante los últimos 12 meses el aumento en alimentos y bebidas no alcohólicas fue del 48.6 por ciento, de salud 46.1 por ciento, y el mayor aumento fue en los rubros transporte 68,2 por ciento y el rubro vivienda, agua, electricidad gas y otros combustibles 66,7 por ciento, según datos oficiales del INDEC. Situación que se agrava con la caída del PBI, de un 3,5 por ciento en el tercer trimestre del año, respecto de igual período de 2017 y acumula en 2018 una retracción del 1,4 por ciento.

Los datos oficiales muestra que el comercio mayorista y minorista cayó un 8,9 por ciento, la industria un 6,6 por ciento, el sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura un 5,2 por ciento, lo que marca un periodo de recesión. Datos duros oficiales del INDEC, que muestran que este gobierno es incapaz. Su incapacidad radica en no poder o en no querer, un dato subjetivo difícil de contestarnos.

La inflación se entiende como el aumento generalizado de precios o disminución del poder adquisitivo de la moneda, es decir que se compran menos bienes y servicios con la misma plata. Diferentes corrientes económicas debaten sobre las causas y tipos. Desde nuestro punto de vista observamos las causas en 3 factores principales:

1- El mercado internacional: Argentina como exportador de productos agropecuarios entre otros, y donde la MOA (Manufacturas de Origen Agropecuario) rondan el 40 por ciento del total exportado, las variaciones del comercio y los precios internacionales de los productos alimenticios impactan en el mercado interno. El uso de la soja y los cereales, como commodities, ha producido que su valor de cambio responda a la lógica de la especulación financiera lo que conlleva a que Grandes Grupos Financieros Trasnacionales inviertan en producción agropecuaria, ya sea solo financiando los eslabones de la cadena, o participando de algunos eslabones estratégicos de la misma, como la comercialización y los agroinsumos (semillas, fertilizantes y agroquímicos). Es importante destacar que estos productos, cereales y oleaginosas, son la base de la alimentación humana, tanto por el uso directo como por la transformación en proteína animal (leche, huevo, pollos, cerdos, etc), a partir de la producción de alimento balanceado para la nutrición animal. Por lo tanto, cuando el precio de los mismos son marcados por el mercado internacional, en medio de un conflicto como la actual guerra comercial EEUU vs China, sin ningún tipo de política, plan, ni visión del Estado Nacional respecto como proteger a los ciudadanos de nuestro país, es de esperar el resultado actual.

2- La concentración y extranjerización del mercado interno: cuando la elaboración y la distribución de alimentos se encuentra en pocas manos, se produce un fenómeno de reloj de arena en el cual, intermedian unos pocos entre productores y consumidores, que con una profunda lógica de ganar, compran al menor precio posible para vender al mayor precio posible. Al observar como aumenta la brecha productor- consumidor, aparecen quienes tienen capacidad de formar precios. Por ejemplo, la brecha para el limón fue 14,1 veces y 11 veces para la naranja, con diferencias porcentuales de precios de 1320 por ciento y 1003 por ciento, respectivamente; la manzana roja se paga 566.61 por ciento más de lo que le pagan al productor; la pera 690 por ciento más y el tomate 307 por ciento, según datos de la CAME. Los precios de la leche que se le paga al productor rondaba los $8.44 por litro y se efectivizaba 45 días después de la entrega, mientras que los costos rondaban los $8.72 (según OCLA), concentrando entre Mastellone (La Serenisima) y Saputo el 50 por ciento del procesamiento de leche con más de 6 millones de litros de leche diario.

3- La puja distributiva de la riqueza socialmente producida: El aumento de precios de bienes y servicios es una forma de apropiación de riquezas, mediante el cual los empresarios disputan con los trabajadores el margen del valor que se genera en el trabajo y la producción. Así el aumento de alimentos, energía, medio de transporte, salud, vestimenta entre otros, sin aumentar los sueldos o el precio pagado al productor, resulta una forma de trasladar riquezas del sector trabajador y productores/as a sectores empresariales, mientras que ocurre lo opuesto con el aumento de los salarios en paritarias o el precio de venta de la producción al asociarse y organizarse las y los productores.

Estos 3 factores son determinados por la disputa económica, la cual puede estar dirigida por el mercado o por el Estado, y dependen de las decisiones de quien ocupe la posición de gobierno y las medidas que ejecute, a quien beneficie del aumento de precios generales. En general, no son las y los trabajadores, las y los productores, las y los empresarios Pymes, quienes se benefician de un proceso inflacionario, sino más bien son quienes ven como se les escapan las riquezas que producen. Y la inclusión del género LAS, no es un modismo acorde a los tiempos, datos objetivos muestran que 2 de cada 3 desocupadxs son mujeres, hay 72 mil nuevas desocupadas 38 mil nuevos desocupados, según Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín.

Los ganadores del aumento de los precios son los Grandes Grupos Financieros Trasnacionales, las Grandes Empresas Energéticas Trasnacionales y en la producción de agroalimentos, los grupos trasnacionales vinculados a la comercialización de commodities (ADM, Bunge, Cargil, Dreyfus y COFCO, principalmente), las grandes empresas de insumos (Bayer-Monsanto, Dow-Dupont, Syngenta-ChemChina y BASF), la oligarquía terrateniente (las mil familias dueños de la tierra en la Pampa Húmeda) y las grandes cadenas de supermercados y distribución de alimentos (WAL-MART, CARREFOUR, CENCOSUD, COTO, La Anónima, etc).

Hasta el 2003 la inflación de la canasta básica de alimentos duplicaba el índice de precio al consumidor (IPC), en 2006 Néstor Kirchner puso en marcha un sistema de control de precios como política pública, que invirtió la relación IPC/Canasta Básica, logrando una inflación anual de 9.8 por ciento. Se demuestra así que el rol del Estado y sus políticas son fundamentales en el resultado inflacionario, pero sobre todo en determinar para donde van las riquezas socialmente producidas.

No resultará extraño encontrar vinculaciones en red entre los actores mencionados como ganadores del proceso inflacionario, como tampoco con funcionarios del Gobierno Nacional, disfrazando de incapacidad la intencionalidad de distribuir las riquezas generadas por el sector trabajador y el sector productivo nacional a los grupos económicos trasnacionales.

Producción Centro de Estudios Agrarios – Especial para Motor Económico

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